OPCA # 2

El desarrollo urbano no es un hecho puramente físico, razón por la cual cualquier decisión sobre el territorio tiene consecuencias sobre la estructura social de la comunidad¹ que lo habita. Así, reconocer los vínculos psicosociales con el territorio, la estructura y las redes sociales, la capacidad de organización y gestión como elementos que constituyen su patrimonio cultural, es una propuesta que parte de dos premisas: 1) la realidad se entiende como el producto de construcciones sociales, y por lo tanto el lugar que habita cada comunidad es espacio contenedor y transmisor de significados socialmente elaborados (Valera y Pol, 1994); y 2) el valor de patrimonio es otorgado por el sentido que se da a los objetos útiles que producen confianza, los cuales se llenan de

“relatos intangibles que estimamos” (Martin Juez, 2004:2).

Con base en esto, se propone reconocer como parte del patrimonio cultural de las comunidades, tanto los objetos percibidos como útiles, a los cuales se ha atribuido un sentido tal que permite que sean valorados por la comunidad a la que sirven, como las redes de relaciones y vínculos dados en la interacción entre las personas y con los espacios, los cuales conforman el referente por medio del cual se percibe la realidad y se actúa.

De esta forma, todo desarrollo urbano debería reconocer el patrimonio cultural del contexto en el que se desarrolla, en orden de garantizar el respeto a los valores de la comunidad y la equidad de las intervenciones, considerando que

“…todo patrimonio es legítimo en tanto una comunidad –o un individuo- lo consideren así” (Martin Juez, 2004:10).

Cuando la realidad de las comunidades se desconoce, se dan los procesos de desarrollo urbano en donde el interés se centra en la adquisición de tierras para desarrollar los proyectos, los procesos de participación ciudadana² se limitan a encuentros informativos³ , y se rompen redes sociales y vínculos de pertenencia debido al desplazamiento de quienes ocupan áreas a intervenir⁴ . Cabe mencionar al arquitecto Jorge Mario Jáuregui (2004), quien plantea que es necesario realizar lecturas críticas a los proyectos de intervención urbana en donde el desarrollo de espacios públicos, equipamientos, reciclaje de estructuras abandonadas, intervenciones en centros históricos, entre otras acciones, excluye a las comunidades que allí habitan, hecho que puede consolidar dinámicas que desterritorializan personas, prácticas económicas y prácticas culturales.

En este orden de ideas, el documento de la Carta por el Derecho a la Ciudad⁵ resulta una fuente valiosa para tener en cuenta. En uno de sus principios plantea que la planificación, regulación y gestión urbano-ambiental de la ciudad debe garantizar el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio, impidiendo la segregación y la exclusión territorialy garantizando la función social de la ciudad y de la propiedad mediante la adopción de medidas de integración y equidad.

Para los profesionales vinculados a procesos de desarrollo urbano, reconocer el patrimonio cultural de la comunidad para hacer desarrollos urbanos es una propuesta compleja, por eso cabe citar lo que Martin Juez propone como un camino para reconocer y determinar lo que es o no patrimonio, invitando a la tolerancia y la inclusión, para desarrollar un trabajo transdisciplinario y desde el pensamiento complejo, un camino que requiere (2004:14):

... descubrir y valorar las múltiples variables que definen los componentes tangibles e intangibles de un bien (…) su gracia reside en la riqueza que se deriva de la colección de opiniones de las comunidades, en la comprensión de las sutiles conexiones entre objetos e ideas, en el esfuerzo por conciliar deseos y necesidades diversas, en el uso de tecnologías para el rescate y la divulgación que no contrapongan intereses diferentes pero, sobre todo, en su práctica democrática e incluyente, preocupada por involucrar cada vez más a la comunidad a la que concierne la creencia y disposición hacia el patrimonio en cuestión...

En ese sentido, experiencias como Favela Barrio en Rio de Janeiro (Brasil), las investigaciones urbanas en la Villa 31 en Buenos Aires (Argentina), la recuperación del barrio La Mina en Barcelona (España), el programa Obras con Saldo Pedagógico en Bogotá y los Proyectos Urbanos Integrales en Medellín (Colombia), son algunos ejemplos de esfuerzos hechos por reconocer el aporte de la comunidad en el momento de intervenir el su espacio y garantizar su permanencia en el mismo. Desde lo que plantea esta reflexión, éstas propuestas pueden entenderse como desarrollos urbanos en donde queda implícita la protección del patrimonio cultural.

El grupo de investigación en Gestión y Diseño de Vivienda (GIV) del Departamento de Arquitectura, tiene dentro de sus premisas de investigación la comprensión del hecho arquitectónico y del desarrollo urbano a partir del reconocimiento de las dinámicas sociales de las comunidades, lo que implica el reconocimiento tanto del contexto físico como del contexto sociocultural y socioeconómico en el cual se va a intervenir.

En consecuencia con lo que se ha planteado hasta ahora, este reconocimiento tanto del contexto físico como sociocultural y socioeconómico, implica el reconocimiento del patrimonio cultural de las comunidades, en donde los vínculos con el territorio son un valor que exige el intercambio con la comunidad ante cualquier tipo de desarrollo urbano.

El GIV, desde la línea de investigación en planeación y gestión de proyectos urbanos, ha venido desarrollando una propuesta de aproximación a nuevos escenarios de gestión urbana, siendo de particular interés los sectores de escasos recursos económicos de la ciudad de Bogotá, sectores que desde el ordenamiento territorial y la norma urbana, son considerados de Mejoramiento Integral con Modalidad Reestructurante⁶ .

El trabajo desarrollado hasta el momento por el grupo de investigación, consiste en unas modelaciones en las áreas en donde es posible aplicar la Modalidad Reestructurante⁷ , en donde se explora la posibilidad de incluir a los propietarios en

“(…) un esquema en el que participen aportando al negocio urbano la tierra a cambio de que constructores privados generen nuevos proyectos y entreguen una vivienda o espacio comercial equivalente a lo que cada propietario cedió originalmente” (Escallón, 2008:6).

En este esquema, la edificabilidad adicional queda para la comercialización de los promotores privados.

En el marco de esta reflexión sobre el patrimonio, lo que se busca es lograr desarrollos urbanos que reconozcan el valor que cada familia (en tanto comunidad) atribuye a su vivienda (objeto útil) y que constituyen una serie de valores intangibles que las dinámicas del mercado restringen a un patrimonio comercial poco rentable⁸ .

Lo que se espera con la propuesta de gestión que propone el GIV, es beneficiar tanto a la comunidad que actualmente habita estas áreas como a los promotores inmobiliarios que desarrollan los proyectos, así como mejorar las condiciones de los sectores vecinos y potenciar las obras ya realizadas por el Estado. Para esto se requiere de un enfoque integrador en donde participen distintas disciplinas acompañando los procesos, así como del trabajo asociado entre los actores involucrados en el mismo (comunidad, promotores privados, Estado) apostando a lo que Martin Juez plantea como una transformación del sentido otorgado al patrimonio (2004:10).

Si bien es una propuesta interesante, queda aún por conocer la respuesta de la comunidad a esta iniciativa, lo cual requiere de espacios de participación en donde se socialice la propuesta, la comunidad tenga la oportunidad de comprender su sentido y pueda expresar lo que piensa de la misma, si está de acuerdo o no, si tiene observaciones que puedan hacerla más cercana a sus intereses, a sus expectativas de proyección en el lugar. En orden de lo planteado hasta ahora, determinar en qué medida valoran su red social, sus vínculos, su capacidad de organización y de gestión, si se reconocen como sujetos de desarrollo, activos en la transformación de su territorio, y si esto es reconocido como parte de su patrimonio cultural, es parte de la agenda de investigación que queda por realizar.

La invitación es a continuar esta reflexión desde la perspectiva de otras disciplinas. El interés es lograr procesos de desarrollo urbano que contribuyan a la construcción de una ciudad de derechos, donde se vele por la equidad y se respete a las comunidades como sujetos propositivos, activos en la transformación de su realidad. ¿Se puede valorar como patrimonio cultural las redes sociales, los vínculos, la capacidad de organización y gestión de las comunidades? ¿Están los profesionales vinculados a procesos de desarrollo urbano dispuestos a trabajar desde este enfoque? ¿Qué implicaciones tiene esto dentro de los procesos de gestión?... las preguntas quedan abiertas.