OPCA # 2

Aunque el edificio de la Caja Agraria de Barranquilla es Monumento Nacional desde el año 1995 (Decreto 1802) y cumple con los criterios de valoración estipulados por el Ministerio de Cultura para mantener dicho estatus, la mayoría de los barranquilleros no sólo no lo consideran como parte de su patrimonio cultural, sino que juzgan que afecta el plan de recuperación del Centro Histórico y, en últimas, el desarrollo urbano de su ciudad.

Ante esta realidad, en los últimos años se ha generado un importante debate que divide a quienes piden demolerlo y quienes defienden su conservación y renovación. La decisión que tome el Gobierno Nacional frente a este caso será determinante en el manejo del Patrimonio Cultural de la Nación y en la relación de las comunidades con este último, pues este es un debate que pone sobre la mesa la posibilidad de demoler un inmueble del Patrimonio Cultural de la Nación con todas las implicaciones que eso tiene, o ignorar la petición de los barranquilleros quienes insisten en no tener ningún vínculo con el Edificio diferente al de esperar su desaparición en aras del desarrollo local.

En Colombia, la expedición de actos administrativos que declaran inmuebles como parte del Patrimonio Cultural de la de la Nación, ha sido una estrategia que desde mediados del siglo XX¹ otorga una categoría legal de protección a los mismos. Así, con la declaratoria de bienes inmuebles como Monumentos Nacionales² , se garantizan esencialmente tres cosas: que el inmueble no sea demolido en el futuro, que se mantenga en buen estado de conservación a lo largo del tiempo, y que se aseguren programas y proyectos para el buen uso que le dé la comunidad. Sin embargo, el estado actual del edifico de la Caja Agraria, situado en el Centro Histórico de Barranquilla, pareciera desconocer esa protección especial, pues hoy se encuentra prácticamente abandonado, en el más lamentable estado de conservación, e incluso en diferentes ocasiones los gobiernos locales han solicitado su demolición.

El Edificio, construido a principios de la década de los años sesenta, fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, y posteriormente, en 1995, declarado como Monumento Nacional. Esta declaratoria le fue otorgada en la medida en que es un ejemplo de la arquitectura moderna de la segundad mitad del siglo XX y obra insigne del arquitecto Fernando Martínez Sanabria. En su momento, el diseño buscó responder a los parámetros estéticos de la época en que fue concebido y lograr una integración con el entorno, teniendo en cuenta tanto el Paseo Bolívar en el que sería construido, como su cercanía al Río Magdalena. En el año 2006, cuando el entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg solicitó al Ministerio de Cultura la demolición, éste, con el concepto del Consejo de Monumentos Nacionales³ , determinó inviable una derogatoria del decreto que declara al Edificio como Monumento Nacional, en la medida en que el inmueble mantiene los valores por los cuales fue declarado.

Sin embargo, a los barranquilleros no les hace mella esta declaratoria y mucho menos las consideraciones arquitectónicas, estéticas y técnicas que se la otorgaron. Para la mayoría de ellos, el Edificio no es representativo de su Patrimonio Cultural e irrumpe con la recuperación del Centro Histórico y el desarrollo de nuevos proyectos urbanos en esta zona. Es por este motivo que, desde el cierre de la Caja Agraria, el Edificio está prácticamente en ruinas y tanto dirige ntes como representantes de la ciudadanía claman por su desaparición. Para los ciudadanos es aún más difícil entender la imposibilidad de que se apruebe la derogatoria cuando en 1955 el Edificio Palma⁴ fue demolido con la intención de vincular el Paseo Bolívar con el puerto fluvial del Río Magdalena, para ser reemplazado por el Edifico de la Caja Agraria que cierra y bloquea este acceso.

La petición de demolición pone sobre la mesa un problema fundamental con respecto a los criterios que permiten la declaratoria de un bien inmueble como Patrimonio Cultural de la Nación. Actualmente, para este proceso se requiere que el inmueble cumpla con una serie de requisitos que van desde su valor arquitectónico, histórico, estético, hasta el uso que tiene y la apropiación social del mismo por parte de la comunidad que habita su área de influencia.

Para el caso del edifico de la Caja Agraria, el Edificio este cumple parcialmente estos requisitos pues, como se ha dicho, no hay ningún tipo de apropiación social en torno al mismo y está prácticamente desocupado – ocho de las cerca de cien oficinas están ocupadas actualmente –, lo cual deja claro que el Edificio está subutilizado. Ahora bien, que la comunidad no lo quiera, no lo valore y prácticamente lo esté dejando caer ¿es motivo suficiente para demoler un Monumento Nacional?

Para brindar una respuesta posible a este debate pongo en consideración el siguiente escenario hipotético. Supongamos que en aras de desarrollar un proyecto que mejore la movilidad de los bogotanos y que mejore el creciente problema de contaminación ambiental por emisión de gases, el Distrito proponga ampliar la carrera séptima para la inserción de un mejor modelo de transporte masivo derribando uno de los siguientes inmuebles: la Hacienda Santa Bárbara, el Seminario Mayor, el Museo Nacional, o la Casa del Florero. Ahora, supongamos también que la petición tiene eco en la mayoría de los bogotanos pues, cualquiera que sea el inmueble, irrumpe con el trazado que plantea el Distrito y desmejora la propuesta de movilidad y de mejora de las condiciones ambientales. ¿Estaríamos dispuestos a demoler una de esas obras emblemáticas de la ciudad para mejorar sustancialmente nuestra movilidad, siendo una petición de la mayoría de bogotanos?

Me inclinaría a pensar que no. En este caso, como el del Edificio de la Caja Agraria, sería inviable derogar la declaratoria del inmueble del que se trate, y la decisión no estaría centrada únicamente en los criterios de valoración que le otorgaron la declaratoria al inmueble en cuestión sino en una razón mucho más fundamental: una medida revocatoria implicaría abrir una peligrosa puerta en la que, en aras del desarrollo urbano, pueden perderse importantes edificaciones que hacen parte de la memoria colectiva de las comunidades que se encuentran en el área de influencia de los bienes patrimoniales. Eso sin contar con los altos costos de demolición y la pérdida de espacios valiosos que pueden ser adaptados para nuevos usos: unos que la comunidad aprecie, valore y necesite.

Ahora bien, parece difícil entender cómo, si esta posición en defensa del Patrimonio Cultural ha sido clara y repetida en diferentes escenarios por representantes de diversos grupos sociales, si se han planteado diferentes opciones para la ciudad que incluyen la apertura de las primeras plantas para el paso peatonal, la construcción de una nueva edificación en la parte posterior del inmueble, el uso de este espacio para actividades culturales públicas, e incluso la reubicación del Edificio, ¿por qué se insiste en su demolición?

El problema radica en que el acto legislativo que declara el inmueble está por encima del Plan de Desarrollo del Distrito y de lo que se ha presentado como un proyecto en beneficio de los ciudadanos. En Barranquilla, una declaratoria que se siente impuesta por el poder central, que desestima el sentir de los barranquilleros, se ha vuelto una lucha por la posibilidad de tomar esta decisión de manera autónoma. De poder decidir como ciudad qué hacer con el Edificio.

Pero una decisión tomada por los barranquilleros tampoco es una posibilidad real. Cuando a Elvira Cuervo, entonces Ministra de Cultura, le propusieron en el año 2006 una consulta popular que determinara el futuro de la Caja Agraria, fue sincera al decir cuánto le sorprendía que nadie quisiera el Edificio, pero enfática en que siendo el Ministerio de Cultura el ente rector en materia de patrimonio cultural sería éste, con la asesoría del Consejo de Monumentos Nacionales, quien tomaría la decisión final⁵.

No obstante, la presión de los barranquilleros ha sido tal que dos años después del concepto del Consejo, el Presidente Uribe, en marzo de 2008, ante el clamor del “que lo tumben” del auditorio que lo oía, dijo que la Nación haría lo que el Distrito considerara pertinente. Esto, sin duda, no lo permite la legislación, pero que el Jefe de Estado se haya presentado menos radical que el Ministerio, le dio al debate un nuevo aire. En ese momento, el Gobernador hizo pública su posición sobre la necesidad de lograr que el Edificio deje de irrumpir el paso por el paseo Bolívar, y representantes de la Alcaldía se manifestaron a favor de su reubicación.

En los últimos cuatro años, decenas de columnas se han escritos en torno al tema, y el hecho que aún hoy se sigue solicitando la demolición, es muy significativo. Definitivamente, el Edificio no es percibido por la comunidad como un Monumento Nacional y la falta de decisión de la administración local sobre su futuro, detiene los proyectos de recuperación de la zona. El Alcalde debe decidir, dentro de lo que le permite la ley y el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio, si se harán las obras de refracción en el terreno actual o si reubicará el Edificio para ser restaurado, porque el peor escenario que puede enfrentar este inmueble es el que vive hoy día: el de la desidia de la administración local por tomar una decisión definitiva.

De cualquier forma, los barranquilleros deben sentir el Edificio como suyo y en este sentido la administración ha fallado en la generación de estrategias de reapropiación del inmueble por parte de los ciudadanos. Aunque la Alcaldía y la Gobernación han hecho importantes avances en el espacio circundante a la Caja Agraria, falta mucho camino por recorrer antes de que los barranquilleros reconozcan este edificio como parte de su Patrimonio Cultural y como un inmueble icónico en el proceso de renovación del Centro Histórico.

Por eso es importante recordar cuán similar era la sensación que generaba el espacio posterior a “San Andresito”, un terreno baldío dedicado al parqueadero informal de este desordenado sector comercial de la ciudad y que se encuentra a pocos metros de donde se encuentra el edificio de la Caja Agraria actualmente. Era una tierra de nadie, casi invisible para la ciudadanía. Sin embargo, desde diciembre de 2008 cuando se inauguró la plaza pública del Parque Cultural del Caribe y posteriormente, en abril de 2009, con la apertura del Museo del Caribe, los barranquilleros se han ido apropiando del espacio de ese entorno en el que meses atrás reinaba la delincuencia común y la ilegalidad. Hoy en día es común ver niños jugando en la plaza en las tardes, familias acudiendo a funciones de cine después de la visita al Museo, jóvenes ofreciendo conciertos de música urbana, todos ellos compartiéndolo con artistas tradicionales, comparsas ensayando para el Carnaval de Barranquilla, y este es sólo el comienzo de lo que prometen estos espacios.

Mientras las administraciones locales se obstinen en creer que no es posible que se generen sentimientos de pertenencia e identidad frente al Edificio de la Caja Agraria por parte de la comunidad, será imposible lograr que permanezca en pie, pues son las políticas para la apropiación social del patrimonio las que permitirán que los barranquilleros vean el edificio con otra cara, que no olviden que la Caja Agraria hace parte de una historia en la que el Paseo Bolívar estuvo rodeado de edificaciones modernas que daban cuenta del desarrollo de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y que, así como hoy la ciudadanía siente un dolor por la pérdida del Edificio Palma, es posible que las generaciones futuras lamenten la pérdida del edificio de la Caja Agraria.

En su lugar actual o a unos metros de distancia, este Edificio está llamado a ser un espacio que les enseñe a los barranquilleros la importancia de la conservación del Patrimonio Cultural, porque más que un espacio emblemático de la arquitectura moderna en Colombia, el Edificio es testigo de cincuenta años de historia del centro de Barranquilla y de la memoria colectiva de sus ciudadanos que recordarán este episodio como una de las luchas más fuertes por ser una ciudad con memoria e identidad.