OPCA # 2

Tras el devastador invierno de 1946 el gobierno egipcio tomó la decisión de construir la Presa de Asuán para canalizar y regular los desbordamientos del Nilo, cuya variabilidad había representado siempre una amenaza para las tierras de labor y los campos de algodón vecinos. Esta decisión respondía a la obsolescencia de una rudimentaria presa construida por los británicos a principios de siglo que se reveló insuficiente para contener la fuerza del río. Los nuevos diseños implicaban una colosal obra de ingeniería a unos kilómetros de distancia de la presa original y la inundación del valle donde se localizaban los templos de Abú Simbel, propios de la antigua civilización egipcia.

Ahora bien, la decisión del gobierno egipcio despertó el interés mundial por las implicaciones que suponía anegar un lugar que no sólo era significativo en términos históricos y arqueológicos, sino que más allá de esto simbolizaba la capacidad humana de crear obras monumentales y maravillosas. Así, el conflicto enfrentaba al pasado con el presente, la monumentalidad clásica contra la ingeniería moderna y si se quiere, al proyecto nacionalista y anti occidental del gobierno de Nasser contra los valores históricos y éticos de la Europa de la segunda posguerra.

En este sentido, sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, una institución de orden global nacida tras la segunda guerra mundial bajo la premisa de establecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, quien abogaría por una solución a la polémica. Tras el lanzamiento de una campaña mundial de salvaguardia y concientización y la inversión de grandes sumas de dinero en la investigación sobre las ruinas de Abú Simbel, se logró la preservación del sitio, y más allá de esto, se sentaron las bases para regular las tensiones entre los proyectos de desarrollo y el patrimonio cultural.

La presa de Asuán serviría entonces como el motor intelectual para una serie de debates e iniciativas que se verían satisfechos con la proclamación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 y la creación de la Lista del Patrimonio Mundial, que reconocían un valor excepcional a un conjunto de bienes de orden monumental y abogaban por que su conservación era un deber de orden moral que debía estar por encima de los intereses políticos y las coyunturas históricas.

Ahora bien, mucha agua ha corrido bajo el molino desde la polémica que suscitó la construcción de la presa de Asuán y desde la proclamación de la convención de 1972. Inclusive, la definición misma del patrimonio ha sufrido grandes transformaciones a causa precisamente de razones históricas y políticas, que han llevado a ampliar el concepto y a reevaluar las estrategias para su protección. Sin embargo, el fermento original que subyace a la idea misma del patrimonio, y si se quiere, a sus políticas globales, nacionales y locales, y más allá de esto, a las reacciones, apropiaciones y resemantizaciones que agencian grupos y comunidades, se ha mantenido intacto.

La idea del patrimonio se erige sobre la capacidad de reconocer que existen objetos, lugares y prácticas que tienen un valor singular de naturaleza trascendente que se acerca incluso a lo sublime, y que este conjunto de cosas se convierte en un símbolo de aquellos rasgos que definen la condición humana.

La reflexión que se plantea entonces es hasta qué punto esa idea que subyace a la noción de patrimonio es capaz de trascender su propio ámbito de competencia para transformarse en un discurso capaz de empoderar la participación política de aquellos grupos que comulgan con sus enunciados. Y en este sentido, ¿qué tan fuerte es el aura de lo patrimonial?, o si se quiere, ¿a cambio de qué se podría transar su valor?, ¿a qué podría llegar a ser equivalente?

Ahora bien, lo que parece estar sucediendo es que a medida que los países adhieren a las convenciones internacionales sobre el patrimonio y ajustan sus legislaciones para hacer posibles sus imperativos, a medida que se refinan los criterios de valoración que regulan el universo de lo patrimonial y se engrosan las listas de maravillas permitiendo al mercado colonizar nuevas geografías, a medida que se naturaliza entre la gente el concepto del patrimonio, la balanza que oscila entre el desarrollo y el patrimonio equilibra la inequidad que antepone al desarrollo como un imperativo monolítico y se abre la posibilidad de repensar incluso la dicotomía entre estos presupuestos.

Lo anterior cobra sentido cuando se piensa que tanto la idea de desarrollo como la de patrimonio comparten un marcado interés sobre el tiempo, puesto que son las concepciones sobre el pasado, las valoraciones del presente y las proyecciones sobre el futuro, las que justifican tanto la transformación y el cambio propios de los proyectos de desarrollo como el reconocimiento y la protección del patrimonio.

Así, retomando lo anterior, la idea del patrimonio resulta interesante en la medida que supone la posibilidad de disentir en ámbitos donde la participación política se ha ido reduciendo a causa de la naturalización de la fuerza y de la inevitabilidad del discurso del desarrollo. Pero al mismo tiempo, el patrimonio, al compartir la inquietud por el tiempo con los postulados sobre el desarrollo, podría llegar a fundir sus horizontes en una apuesta compartida donde se superen las diferencias y las connotaciones morales que se suscitan alrededor de los dos conceptos.

El presente número del Boletín OPCA intenta explorar a partir de múltiples miradas las tensiones que generan los proyectos de desarrollo frente al patrimonio cultural que las comunidades reconocen como propio. En este sentido, se abordan una serie de casos que ejemplifican la naturaleza diversa de éstas tensiones, el tipo de agentes que comienzan a articular su acción conjunta y los escenarios en los cuales tienen lugar dichas articulaciones. De lo anterior, queda claro que la idea del patrimonio no sólo ha permeado múltiples ámbitos de la vida social, sino que se ha reforzado como una idea capaz de contrarrestar, o por lo menos, de proponer alternativas frente al discurso del desarrollo que cada vez se alejaba más de la cotidianidad.

Así, el lector encontrará no sólo artículos que son el resultado de investigaciones exhaustivas sobre el tema, como es el caso de los textos “Del Cartucho al Parque Tercer Milenio y los intereses en el espacio dentro de la construcción de Ciudad” y “Tradiciones dinámicas de los pueblos afrochocoanos en la vía al Mar”, sino también reflexiones que ponen el dedo en la llaga sobre problemáticas icónicas en el campo, como lo son: “Importante zona arqueológica en el municipio de Nemocón en riesgo de ser sepultada por toneladas de basura” que está en llave con la nota “El Alto río Checua, en Nemocón: Patrimonio Arqueológico en conflicto” y las reflexiones sobre :“El edificio de la Caja Agraria: Un reto para el desarrollo de políticas de apropiación social del Patrimonio Cultural”. Así mismo, podrá encontrar aquellos puntos de contacto entre las ideas de patrimonio y desarrollo en los textos: “Reflexiones sobre el patrimonio cultural de las comunidades como componente primordial del desarrollo urbano” y “Reconoce tu memoria ancestral: comunidad muysca de xhua ch”. Finalmente, encontrará dos reflexiones sobre los alcances de la nueva legislación sobre el patrimonio en: “Novedades de la legislación arqueológica colombiana” y “La ley 1185 de 2.008 un aporte al desarrollo cultural”.

Como en nuestro número anterior, esperamos que este Boletín OPCA 2 sea una contribución al debate y visibilización de las múltiples aristas y conexiones que estructuran hoy el campo del Patrimonio Cultural y en esta medida, una invitación o si se quiere, una provocación para propiciar diálogos, discusiones y acciones colectivas que se traduzcan también en políticas públicas. Los canales de comunicación que viene consolidando OPCA están abiertos y expectantes de escuchar muchas voces sobre estos temas.