OPCA # 16
Caleidoscopio
Alhena Caicedo
a.caicedo@uniandes.edu.co
Profesora Asociada, Departamento de Antropología,
Universidad de los Andes
Foto: Maria Angélica Ospina.
¿Cómo caracterizaría usted las movilizaciones sociales indígenas, afro y campesinas (entre otras “las mingas» indígenas, las «dignidades campesinas”, el paro de Buenaventura) que se han manifestado en el país durante los últimos años?
Yo creo que este tipo de movilizaciones dan cuenta de la capacidad organizativa que tienen los sectores populares en el país y que han existido históricamente como posibilidad de expresión en diferentes contextos. Particularmente, se puede hablar de las movilizaciones indígenas más recientes o de la última minga que existió, que fue la de hace 3 o 4 meses más o menos, y que revela entre otras cosas el hecho de que no solo se trata de movilizaciones de carácter étnico, sino que, en el caso por ejemplo de la última minga, se estaba hablando también de una movilización que convocaba a sectores campesinos, populares urbanos, afro. Pero, digamos, los indígenas en el norte del Cauca sí tenían una representatividad frente a los medios de comunicación y donde mucha gente leyó ese tipo de movilización en clave étnica. ¿Cómo las caracterizo? Creo que son movilizaciones que encarnan de alguna manera la época y el tipo de lucha que se está estableciendo hoy en día por parte del movimiento social, en este caso son reivindicaciones que tienen que ver con condiciones en las cuales la gente expresa una inconformidad con el modelo de desarrollo que se está implementando, las formas como se está pensando el carácter regional de la economía nacional, la manera como se están pensando las poblaciones ubicadas en diferentes territorios y la forma como se está pensando dinamizar lo nacional contando o no con unas poblaciones que han sido históricamente consideradas como los “otros” de la nación. En este sentido, es bastante diciente el hecho de que estas formas de movilización expresan, entre otras cosas, la sistematicidad en el incumplimiento de acuerdos que se han hecho entre los movimientos sociales y el Estado colombiano y que ha sido una constante por décadas. La cantidad de acuerdos que se han firmado a partir de la protesta o las demandas que han hecho los sectores rurales, sobre todo, frente a la política económica nacional y que han sido incumplidos de muchas formas. Eso, por una parte.
Pero también, otro tipo de demandas que tienen que ver con los derechos establecidos constitucionalmente, o que tienen que ver con la posibilidad de que sean consideradas las opiniones de los pobladores con respecto a lo que sucede en sus territorios, la reivindicación sobre la consulta previa, por ejemplo, en el caso de los sectores étnicos. Pero también, la manera como la vida campesina se expresa como una demanda también frente a un modelo de desarrollo que busca, bajo el paradigma de la nueva ruralidad, incrementar el beneficio económico a partir de un modelo agroindustrial o a partir de un modelo de encadenamientos productivos, donde los campesinos quedan de alguna manera reducidos o no se tienen en cuenta como sujetos que generan alimentos, pero además generan valor, y son dinámicos dentro de la economía regional y nacional. Todos esos aspectos son un motor para que la gente salga a manifestarse y a decir “nosotros no estamos de acuerdo”. ¿Cuál es el inconveniente con estas movilizaciones? Generalmente son vistas por parte de la opinión pública, y sobre todo a través de los medios de comunicación, como movilizaciones violentas. Y, en ese sentido, son rechazadas por parte de la población urbana, o incluso la misma gente que está en los territorios. El carácter violento que pueden alcanzar estas movilizaciones invisibilizan en un amplio sentido de la palabra ese tipo de demandas donde expresa el lugar que han ocupado históricamente las poblaciones rurales, las poblaciones marcadas étnicamente, lo que en otros espacios alguien ha llamado “la gente que sobra” dentro de los procesos de implementación de un modelo de desarrollo particular. Y bueno, esa violencia, esa invisibilización que produce la violencia hace que nosotros desconozcamos también el tipo de tensiones y conflictividades que genera la heterogeneidad de lo que implica la nación colombiana.
En su opinión, ¿cuáles son los alcances y los límites en Colombia del reconocimiento constitucional y del imperativo de Unesco sobre el “respeto de la diversidad y el reconocimiento de la diferencia”?
Efectivamente, la Constitución del 91 sí marca un parteaguas en la manera como se concebía la nación y el Estado en Colombia, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país a partir de la adopción del multiculturalismo como política estatal, genera unos nuevos escenarios institucionales, pero también unos escenarios de derechos, para poblaciones que no habían sido reconocido siquiera como ciudadanos. En este sentido, creo que de los grandes logros que tiene la Constitución es lograr una apertura en términos democráticos y de derechos sobre estas poblaciones étnicas, digamos que habían sido invisibilizadas y que habían sido confinadas o relegadas hacia su relación con la iglesia, y la manera cómo se administraban hasta ese entonces esas formas de diversidad. Y bueno, 30 años después de que entramos en la lógica del multiculturalismo, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la diferencia no solamente tiene que ver con una apuesta, una actualización de la legislación colombiana con respecto a imperativos como los de la Unesco o como las consideraciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos étnicos, sino también un reordenamiento de cómo entender estos “otros de la nación”, como los llama Rita Segato. Estas poblaciones han sido históricamente consideradas distintas y hoy en día gozan, por lo menos en el papel, de derechos diferenciales que se expresan y se concretan y se materializan en cuestiones muy puntuales en la vida de la gente, en general en la vida de la nación: derechos territoriales, derechos a la autoridad propia, derechos a la educación propia, a la justicia propia. Ese reconocimiento se ha visto cuáles son los límites y cuáles son los alcances de generar este pluralismo al interior del Estado-nación.
En este sentido, hay una cantidad de cosas buenas y otras tantas que no han resultado beneficiosas, y otro tanto que han resultado más como derivados que no se habían advertido seguramente en el momento en que se dispuso la cuestión del multiculturalismo, pero que hoy sí hablan de un carácter y de un “ethos” particular de lo que implica en Colombia la etnicidad, la diversidad étnica y cultural y la legislación diferencial. Con respecto a las movilizaciones, yo creo que una de las cosas que se hacen manifiestas es que, a pesar de esa apertura de derechos que se da con la Constitución, ha habido una cantidad de tensiones y de lugares de no reconocimiento de esa diferencia, o donde la diferencia solamente es reconocida en parte, o hasta ciertos puntos, o hasta ciertos niveles en donde no empiezan a ser conflictivas con otro tipo de priorizaciones que tiene el Estado puntualmente. Por ejemplo, las implicaciones que se tienen con respecto a cómo definir el modelo de desarrollo o problemáticas como las derivadas recientemente con respecto a derechos específicos de los pueblos étnicos como puede ser la consulta previa que, si bien hizo parte de uno de los avances democráticos que se dan a partir de la Constitución del 91, hoy se viene poniendo en duda justamente porque la misma estatalidad va redefiniendo un poco esta idea de lo que implica ser minoría y lo que implica también el bien común cuando el bien común no solamente depende de las minorías.
Foto: Andrea Mächler Bedoya.
Entonces, pues hay una serie de contradicciones porque evidentemente estrategias y fórmulas como la de la consulta previa, las consultas populares, las tutelas y demás…pero, sobre todo las consultas previas y las populares, que se habían definido como mecanismos de participación democrática, pues hoy en día están siendo de alguna manera aniquiladas y no se contemplan como una posibilidad democrática sino todo lo contrario. Se ha asumido un discurso invertido al propósito que tuvieron en un inicio por parte del establecimiento. Creo que las movilizaciones también manifiestan eso, manifiestan el descontento con un reconocimiento a medias, un reconocimiento que ejerce un control y una imposibilidad para que esa participación sea efectiva y para que esa participación además considere el pluralismo que está en la base del reconocimiento constitucional.
¿Se puede establecer una relación entre movimientos sociales y patrimonio cultural? ¿Cómo se ha dado esa relación y con qué sentido?
Yo partiría también del hecho de cómo entendemos el patrimonio cultural. Entender el patrimonio implica descentrar la noción de patrimonio de la manera como aparece el patrimonio como categoría, porque el patrimonio es evidentemente un concepto generado por el Estado, donde es el Estado el que crea para el patrimonio, produce el patrimonio y además lo administra. Tiene ese doble carácter. Sin embargo, por patrimonio cultural uno también puede entender las formas propias en que las diferentes comunidades, los pueblos, la gente, asume sus legados particulares y, en este sentido, no individuales sino más bien colectivos, como algo que amerita ser cuidado, que amerita ser conservado, que amerita ser reproducido. Y entra esta noción de patrimonio en un sentido común, o el patrimonio en un sentido social, en contradicción con las versiones estandarizadas y exclusivamente sancionadas por el Estado. Y en contradicción digo no porque se peleen, sino básicamente porque hay diferentes maneras de asumir esa contradicción, entendiendo también que la manera en que se formaliza el patrimonio puede ser como una política que viene de arriba hacia debajo o puede ser una política que viene de abajo hacia arriba. Creo que el potencial del patrimonio, en el sentido de su relación con los movimientos sociales, implica partir de una noción de patrimonio de abajo hacia arriba. Es decir, de cómo moviliza la gente sus legados culturales y sus prácticas y sentidos y significados del mundo propios en función de una reivindicación política, en este caso las movilizaciones de las que estamos hablando. Pero también cómo ese patrimonio implica una posición, una disputa de sentidos, de significados, implica una disputa frente a las prácticas, propósitos y a los objetivos que puede tener usar el patrimonio como una herramienta de intervención política.
Muchas comunidades lo vienen haciendo, es más, la noción misma de “minga” creo yo que es una apuesta mediante la cual las comunidades indígenas, sobre todo los Nasa del norte del Cauca, han movilizado su patrimonio entendiendo la minga como una práctica propia en función de generar también una disputa de sentido y significado frente a lo que implica la propuesta, o frente a lo que implica el trabajo de salir a manifestar un descuerdo o incluso más allá salir a manifestar cómo esas formas de trabajo colectivo, de trabajo mancomunado, también son posibles de movilizar otro tipo de demandas cuando se plantea lo común, por ejemplo en el caso de estas mingas que convocan a varios sectores sociales, frente a la posibilidad de generar un antagonismo con respecto a la política estatal, o al desconocimiento de acuerdos que se han firmado con el Estado. Entonces sí creo que el patrimonio puede tener ese carácter y también puede ser movilizado, tanto como se movilizan las personas pues también se movilizan las tradiciones, también se movilizan los significados. Y si se ponen sobre la base de la aparición en el terreno público de esa diversidad de manera de pensar que uno pensaría el Estado, o más que el Estado, la nación debería considerar como parte integral de sí misma y, en esa medida, reconocerla y hacerla también, incluirla, dentro de la manera en que nosotros nos pensamos como colombianos.
Foto: Maria Angélica Ospina.
Otros artículos
