OPCA # 17

’Está bien que ustedes hagan agüitas y galleticas (de Coca)y esas cosas, pero pretender estar en un mercado y enfrentarse a Coca Cola no les corresponde’²

Mientras un grupo de indígenas del Pueblo Nasa, liderados por una comunera de ese pueblo negociaba con el Presidente Andrés Pastrana Arango la posibilidad de expedir los permisos y registros sanitarios para productos de hoja de Coca, en esos términos excluyentes se expresaba el director del Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA.

El acuerdo final entre la Presidencia y las autoridades indígenas del oriente del Cauca, determinó que estas expedirían los registros sanitarios, entre otras razones, porque los indígenas cuentan con la facultad constitucional para hacerlo, se obviaba, además, la obligación de realizar Consulta Previa, el gobierno nacional puede delegar esa función específica³. Las resoluciones de la autoridad indígena fueron publicadas en el Diario Oficial de la República de Colombia y alrededor de ellas se inició un debate jurídico que hoy se ha escalado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

Para el INVIMA, una entidad con un perfil técnico muy especializado, no era fácil asimilar que las autoridades indígenas pudieran cumplir un papel análogo en la tarea de otorgar el documento legal habilitante para comerciar por primera vez en Colombia alimentos de hoja de Coca, se estaba poniendo en debate el desarrollo de las facultades que la Constitución de 1991 reconoció a los pueblos indígenas en materia administrativa.

La discusión de si resultaba factible o no comerciar alimentos de hoja de Coca en Colombia, tenía un subyacente debate que hoy adquiere una interesante dimensión: la propiedad de la planta. Esos mismos indígenas del proyecto de hace marras, han promovido distintas acciones legales en defensa integral de la Coca como patrimonio cultural y biológico de los pueblos indígenas, en tanto que de condición de anatema, se encuentra en trance de ser un commoditie⁴, en 4ruta similar al de la marihuana, que resultó apropiada por transnacionales de países con poca o reciente tradición de cultivo.

En el Estado Plurinacional boliviano se llevó al texto constitucional la protección y reconocimiento explícito de la Coca como patrimonio⁵; en Perú el Tribunal Constitucional en fallos de 2005, exhortó sin condición vinculante al Congreso de ese país para que evaluara declarar la Coca como patrimonio cultural e inmaterial, el Congreso no lo hizo. Pero el Instituto Nacional de Cultura de ese país expidió en diciembre de 2005 la Resolución 1707, con la cual declaró como patrimonio la Hoja de Coca y los usos culturales y tradicionales asociados; en Ecuador, el Artículo 57 de la Constitución determina una protección genérica a las plantas y los usos asociados, así como la posibilidad de ser mantenidas, recuperadas y desarrolladas.

En Colombia tal protección tiene rango constitucional, aunque no esté explícito en su texto como ocurre en Bolivia, básicamente por dos principios; el primero de ellos la adopción temprana del concepto de Bloque de Constitucionalidad⁶, que incorpora en rango constitucional, pactos, tratados, declaraciones y otros instrumentos de derecho internacional en los cuales se reconocen derechos fundamentales, como la identidad o la propiedad de territorios y recursos, incluidos los biológicos; y el segundo, el reconocimiento del pluralismo jurídico, esto es, la igual dignidad que portan los sistemas de valores, de los pueblos indígenas, que de suyo constituyen sistemas jurídicos, con la potestad del autoreconocimiento, incluidos territorios y recursos.

Podríamos citar, de entre los muchos, tres pactos internacionales suscritos por Colombia que dan cobertura legal al derecho a la propiedad sobre los recursos biológicos de los pueblos, en al menos tres dimensiones, i) sobre determinadas plantas y su material genético; ii) sobre representaciones, conocimientos asociados y usos ancestrales y, iii) marcas, nominaciones de origen y otros, que no requieren ser inscritos o registrados para gozar de protección frente al uso. Esos tratados o convenios son: Convenio 169 de la OIT, decisiones andinas 391 y 486, y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de ONU, 2005.

En el año 2007, la indígena fundadora de la iniciativa Coca Nasa, Fabiola Piñacué Achicué, acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, para registrar el nombre comercial de una bebida de Hoja de Coca: COCA SEK, que combina el nombre de la planta en español y el nombre del Sol en su idioma, el Nasa Yuwe. La firma legal que protege la marca comercial de la multinacional Coca Cola en Colombia⁷, demandó la inscripción de la marca, pero fue derrotada y por el contrario se demostró que esa empresa usa indebidamente, tanto la hoja de Coca, como el nombre de la planta para su producto estrella⁸.

La disputa quedó casada y pese a haber ganado el derecho al registro, luego de un tiempo la SIC, una vez el escándalo mediático cedió, no permitió la inscripción de la marca Coca Sek, pero no hace falta para proteger el uso, las razones son diversas y algunas de ellas se esbozaron aquí. Finalmente se acordó que el permiso más importante para el uso de la marca Coca Sek, lo confiere la autoridad indígena, hoy día existe el producto, se comercia ampliamente y nunca ha dejado de usar ese nombre.

En las mismas lógicas de usurpación, un particular decidió producir alimentos de hoja de Coca, sin contar con autorización de ninguna comunidad, sin registros sanitarios y demás, autoridades indígenas de la zona de Tierrandentro en el Cauca, solicitaron a la SIC revocar marcas relativas a la Coca, entregadas de manera inconsulta al particular en cuestión, esta entidad se negó y por intervención de la Organización Nacional Indígena -ONIC-, la Corte Constitucional en 2012⁹ decide en última instancia una acción de tutela instaurada para revocar las marcas otorgadas al particular, COCA INDÍGENA.