OPCA # 4

El Resguardo Indígena de Puracé se encuentra ubicado en la zona centro del departamento del Cauca, a 36 km al oriente de su capital. Está habitado por alrededor de 5000 personas que se identifican como pertenecientes a la etnia kokonuko y cuyo resguardo se organiza bajo la figura de gobierno del cabildo y forma parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reconocida organización que durante más de 40 años ha sido la principal abanderada en la lucha por la defensa de los derechos de la población indígena del departamento y del país.

La zona que ocupa el resguardo es parte del macizo colombiano, una región húmeda en la que numerosos ríos y riachuelos le dan al paisaje escarpado una forma particular. Además, la zona presenta una variada gama de pisos térmicos, desde el clima frío-templado hasta la nieve que cubre el volcán de Puracé. Estas características le han valido a la vasta zona el reconocimiento de la UNESCO como reserva mundial de biosfera y la creación del PNN Puracé en el sector.

Estos elementos constituyen un enclave importante para nuestro análisis: recordemos que la apertura política de los Estados hacia la diversidad cultural está directamente ligada a la consolidación del imaginario del nativo como un guardián de la biodiversidad del planeta. El “nativo ecológico” o “econativo”, como varios autores¹ lo han denominado, constituye un “figura retórica que sintetiza las nuevas categorías, percepciones y usos en materia de diversidad cultural asociadas con la protección de la naturaleza” (Cairo 2003: 47).

Pese a lo que esto podría sugerir, es interesante el hecho de que en Puracé la comunicación entre los miembros del cabildo y algunos funcionarios de Parques sea inexistente, aun cuando el 25% del área total del resguardo se encuentre en situación de traslape con el área de conservación. Se trata de un complejo conflicto que lleva ya varios años, en los que se alternan periodos de confrontación directa y de indiferencia absoluta.

Para ilustrarlo refiero el Encuentro Trinacional de Pueblos Indígenas y Zonas de Conservación, organizado por varios comuneros indígenas dentro de las mismas instalaciones del Parque con apoyo y financiación de la Agencia para Cooperación Española. En este evento, los puraceños — validándose en la solidaridad del CRIC— afirmaron que el conflicto partía de la arbitraria interposición de PNN Puracé sobre el territorio indígena, lo cual —sostuvieron— coerciona a la población y le impide ejercer control pleno sobre su territorio. Adicionalmente, asumieron una posición abiertamente en contra de los Regímenes Especiales de Manejo (REM), que por medio de la Ley 622 buscan reglamentar un manejo en conjunto de las áreas protegidas entre el Estado y las comunidades.

A cambio propusieron tres acciones. En primer lugar, se crearon Zonas de Interés Comunitario, estrategia que por medio del mandato regional del CRIC ha trascendido a toda la región. De esta manera, se plantea ordenar y reglamentar el uso y cuidado de los territorios indígenas, concebidos como una totalidad en la que no se pueden separar las áreas altamente biodiversas de aquellas relevantes para la reproducción de la cultura; por esta vía se espera crear un fortalecimiento en conjunto de la autoridad territorial- económica-ambiental. Son muchas las zonas que se encuentran dentro del área de traslape con el PNN, que desde entonces sería denominada área de superposición para resaltar el carácter arbitrario de esta intromisión del Estado en su territorio. En segundo lugar, se consideraron acciones que superan los canales que plantea el Estado y lo interpelan desde esferas más amplias. En ese sentido, el derecho internacional aparece como una prometedora opción, pues ante la insuficiencia de la legislación colombiana se convierte en un accionar que —tras largos periodos de tiempo y contando con el apoyo de varias ONG de países desarrollados— permitiría el restablecimiento de la zona de conservación al resguardo. Por último, se ha adelantado en conjunto con varios pueblos indígenas del continente² el concepto de “Autoridad ambiental indígena” con el fin de que los pueblos indígenas sean reconocidos a escala internacional como los únicos dueños y administradores de la biodiversidad presente en sus territorios, desplazando de esta manera a cualquier otra figura que desde los Estados se instaure en estas zonas.

Es importante anotar que uno de los puntos centrales alrededor de los que se desarrolla esta pugna tiene que ver con las instalaciones turísticas del PNN, una serie de cabañas y piscinas termales que atraen por lo menos cinco o diez turistas semanalmente para ascender al volcán. Se trata de una experiencia distinta al turismo tradicional; es conocida bajo el título de ecoturismo o etnoturismo, que genera cierta emocionalidad hacia nuestro pasado indígena y hacia los misteriosos parajes naturales, de modo que este sector no solo se convierte en un lugar atractivo para los visitantes, sino también para muchos comuneros, pues representa algunos ingresos económicos.

En conjunto estos fenómenos conforman un correlato que, para el caso de Puracé, muestra la incidencia del discurso ambientalista y cómo este pone a localidades marginales —en este caso grupos étnicos— en el centro de atención mundial. Con eventos internacionales, que se celebran en el sector gracias a la financiación de ONG de países desarrollados —como ALMACIGA— y agencias gubernamentales —como USAID—, se subraya la importancia de la cooperación internacional en la consolidación de las vindicaciones indígenas. Dicha financiación posibilita y circunscribe la mayor parte de acciones de los activistas del resguardo, al tiempo que facilita la difusión de ideas y conocimientos entre diferentes horizontes culturales y actores sociales de diversos lugares.

Tomando ventaja de “[...] las posibilidades de la interacción transnacional creadas por el sistema mundial en transición, incluyendo los resultados de la revolución en las tecnologías de información y comunicaciones y de la reducción de los costos de los viajes” (Sousa 2006: 397), los indígenas puraceños convierten su territorio y su cultura en hechos políticos a partir de los cuales se generan formaciones de resistencia, para este caso en un marcado e históricamente formado criterio antiestatal. Las Zonas de Interés Comunitario significan estrategias de política regional que desde lo local adquieren connotaciones transnacionales e incluso ponen en riesgo la legitimidad de los Estados al conectarse con procesos y demandas en diferentes regiones del país y del mundo.

El conflicto entre PNN y el Resguardo Indígena de Puracé se convierte entonces en un escenario ideal para observar de cerca este ambiguo pero imperante fenómeno que muchos autores llaman “el despertar de lo indígena”³, momento histórico particular en el que confluyen diversos factores como: el agrupamiento y consolidación de organizaciones indígenas dentro de un proyecto que excede las propias fronteras y empieza a tomar rasgos de panamericanismo, el auge de los debates indigenistas y de los tratados internacionales que propenden por sus derechos, el surgimiento del discurso ambientalista y la crisis del modelo desarrollista (Ulloa 2004).

Desde la segunda mitad del siglo XX lo indígena se ha convertido en un lugar simbólico y estratégico, eje desde el que se repiensa y transforma la forma de hacer política y desde el que se ejerce una fuerte presión a los Estados nacionales. La conexión entre diferentes colectividades con finalidades similares en todo el globo y la capacidad cuestionadora —aun cuando menos transformadora— que adquieren pequeñas localidades en ámbitos transnacionales son características propias de este proceso (Escobar 1999).

Ahora bien, para nuestro caso es importante mencionar que el poder simbólico de la figura del “indígena ecológico” puede originar una mayor autonomía de los puraceños sobre su territorio y protección frente a agentes externos, al tiempo que se convierten en una importante estrategia económica de apertura a nuevos mercados. Presentar una imagen exótica del indígena ecológico, como suele verse en los paquetes turísticos para visitar la zona, nos recuerda lo que Hall denomina “multiculturalismo comercial”, en el que se supone que

“[...] si el mercado reconoce la diversidad de individuos provenientes de comunidades diferentes, entonces los problemas de la diferencia cultural serán (di)(re)sueltos a través del consumo privado, sin necesidad alguna de una redistribución del poder y los recursos” (Hall 2000: 584).

De hecho, uno de los asuntos más problemáticos es el imaginario que prevalece en la opinión pública —presente tanto en el discurso de áreas protegidas como en general todo lo relativo a lo indígena—, según el cual el indígena es un ser estático para descubrir y para aprender a valorar. El discurso académico encarnado en la disciplina antropológica se ha encargado de producir estereotipos de comunidades nativas armónicas, aisladas en un tiempo y un espacio remotos, algunas veces inocentes, otras salvajes, en todo caso reliquias petrificadas de un pasado loable, incapaces de encarar esta otra realidad. Como vemos en el caso de Puracé, todas estas imágenes entran rápidamente en cuestión frente a la proliferación de acciones que desde lo indígena nos confrontan aquí y ahora y favorecen nuevos matices en las dinámicas para entender esta otredad.

No podemos seguir reproduciendo ciega y acríticamente las percepciones que sesenta años atrás varios antropólogos desarrollaron en sus etnografías sobre lo indígena en el país, pues según lo visto se está abriendo un amplio abismo entre las representaciones comunes de lo indígena y lo ecológico y las realidades concretas que, más allá de posiciones fijas y loables, son evidencia de intereses y necesidades particulares, de posiciones de poder que son las que en última instancia determinan el destino que se dará, no solo a las áreas de conservación, sino a la manera en que comprendemos y nos relacionamos en lo cotidiano con esta otredad.