OPCA # 9

En primer lugar, es necesario entender el estado actual de la zona como un escenario de conflictos internos que comprende los más diversos actores: por un lado, los grupos involucrados directamente en estas disputas: indígenas paeces o nasa (aunque también hay presencia de otros pueblos indígenas), grupos afrocolombianos y blancos-mestizos campesinos. Y por otro lado, grupos externos que igualmente juegan un papel importante en las dinámicas de la región, tales como las representaciones del Estado (Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Bienestar Familiar, INCODER, Gobernación del Cauca, entre otros), guerrilla, narcotraficantes, paramilitares, iglesia católica, población civil urbana, grandes empresarios rurales, entre otros.

El principal (o más conocido) factor de desacuerdo es el manejo de la tierra, la cual se encuentra dividida en diferentes tipos de tenencia: los resguardos indígenas (algunos en proceso de clarificación); las “capitanías” de comunidades negras -inexistente en el actual sistema de ordenamiento territorial-; las comunidades rurales con existencia política que se encuentran en solicitud de territorios colectivos -como la constitución de Zonas de Reservas Campesinas y de titulación de los consejos comunitarios de valles interandinos-; las tierras en proceso de legalización como predios “invadidos” o “recuperados” (según la versión) por comunidades indígenas o campesinas; los predios de propiedad privada en áreas urbana y rural; los ejidos municipales y los baldíos de propiedad del Estado (Duarte, 2013; Arcila, 1989).

Pero más allá de los conflictos propiciados por la tenencia de la tierra, el sistema diferencial de derechos adoptado desde la implementación de la Constitución de 1991 que considera el carácter multicultural y pluridiverso del país2, ha exacerbado los procesos de construcción política identitaria en el afán de dar notoriedad a las subjetividades étnicas afrodescendientes e indígenas, dando lugar al enfrentamiento de diversas percepciones en torno a lo público que se manifiestan en conflictos entre las autonomías étnico-territoriales por el control de otros aspectos de la vida de la región como la salud, la educación o la justicia (Duarte, 2013). Además, la asignación de tierras como áreas de resguardo y otros territorios diferenciados, ha colaborado en gran medida al desarrollo de enfrentamientos armados entre las comunidades indígenas y la fuerza pública (Mejía, 1996).

En el caso de Tierradentro, como señala Sevilla (2007:125), “hoy, los indígenas están en ascenso hacia una preeminencia no sólo demográfica, sino hacía una forma de hegemonía que opera, como es sabido, en el orden político y social”. Esto se manifiesta en la delantera que han tomado los procesos de etnización y reetnización indígena y en la amplia visibilidad que han tenido en la escena local, regional y nacional. Aunque hay que mencionar que de forma paralela, los grupos campesinos y afroamericanos lideran un fuerte movimiento de autoafirmación colectiva, a partir de sus propias manifestaciones alternas a la etnización (Sevilla, 2007).

Estos procesos de fortalecimiento étnico están enfocados hacia la posibilidad de obtener beneficios gracias al reconocimiento como comunidad culturalmente diferenciada, como es el caso de los predios de San Rafael en Toribío (ver Duarte, 2013), o la disputa que nos concierne en San Andrés de Pisimbalá por el control de la educación. Esta última surgió en 2010, cuando la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca estableció que la Institución Educativa Microempresarial Agropecuaria de San Andrés de Pisimbalá (IMAS) ya no quedaría en manos de la administración indígena, como se había establecido el año anterior [2009] (Nieto, 2013), lo que motivó a los indígenas a ocupar la planta física de la institución3, argumentando que la etnoeducación es un derecho fundamental4, mientras los campesinos objetaban que se actuaba en detrimento de su derecho a la educación tradicional (occidental). A partir de ese momento comenzaron las ofensas y graves confrontaciones5 que culminaron en la destrucción casi total de la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá mediante el incendio provocado el jueves 28 de marzo de 2013, día en que el calendario católico conmemoraba el jueves santo.

Dicha capilla fue construida hacia 1785 por iniciativa del padre Joaquín Núñez de Tobar, y era, junto con el templo de Chinás, el único en la región que conservaba la cubierta de paja (Castrillón, 2009). Amaneiro (1976) resalta el papel histórico del templo como lugar de reunión, gracias a su ubicación estratégica sobre una meseta, y al impacto visual de sus muros blancos entre la vegetación, que la habrían hecho fácilmente reconocible como punto de referencia, no solo para actividades religiosas, sino también para encuentros sociales. Del mismo modo, la página oficial del municipio de Inzá resalta su importancia como de gran “valor patrimonial de vestigio histórico” que la convierten en el “elemento principal del contexto urbano, simbólicamente es el hito principal de la zona, un elemento primordial de la memoria urbana, del paisaje de san Andrés de la cotidianidad social” (Alcaldía Municipal de Inzá). Por otro lado, Castrillón (2009) resalta que la construcción era inicialmente diferente a la que se observaba en los últimos tiempos, debido a las modificaciones que se hicieron a raíz del incendio de 1975 [y la inundación en 1994] y a las múltiples intervenciones arquitectónicas (superior a las otras capillas de la región) que, a su juicio, malinterpretaron el estilo original, propiciando grandes variaciones. Ahora bien, aun cuando su valor arquitectónico puede ser cuestionable, esta es sin duda un icono de especial importancia, coexistiendo junto con los hipogeos de Tierradentro como los principales puntos turísticos de la región.

Ahora bien, aunque los responsables del incendio en el 2013 son oficialmente desconocidos, se asumió de forma amplia en el municipio y los medios de comunicación, en especial en los portales web, que la quema de la capilla fue intencionada, y se insertaba dentro del conflicto entre campesinos e indígenas que se vive en la región6. Este discurso fue reproducido por periodistas, alcaldes, gobernadores y alcanzó periódicos de circulación nacional, en los que los encabezados enfatizaban el hecho de que una iglesia doctrinera declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1995, había sido incendiada en el Cauca7, ignorando la falsedad de tal afirmación, ya que en dicho año (1995) la UNESCO reconoció el Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro (anteriormente reconocido como Monumento Nacional por medio del Decreto 774 de 1993), más no a la capilla doctrinera, ubicada por fuera de los límites del parque. Se debe anotar que aun cuando los medios de comunicación registran a la Capilla Paéz San Andrés de Pisimbalá bajo el falso estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad, esta sí es de profunda importancia cultural. Años atrás (1982) había sido propuesta para integrar la lista de Monumentos Nacionales de Colombia por medio de la Resolución 002 12-III-1982 (Colcultura, 1995:16), donde no obtuvo el reconocimiento. Posteriormente, por medio de la Resolución 1686 del primero de diciembre del 2004 y la Resolución 0192 del primero de marzo del 2005 (Ministerio de Cultura, 2015:13) fue reconocida como un Bien de Interés Cultural (BIC). Así pues, la capilla no se torna importante solamente al momento del incendio, pero sí se instrumentaliza un estatus que no le corresponde, el de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, para darle un mayor significado a los hechos ocurridos.

Es por esto que, paralelamente, algunos medios exaltaron la presunta culpabilidad de los indígenas del resguardo8, sustentados en la idea de que mientras para la población mestiza el templo sería reconocido como un sitio de culto sagrado, además de patrimonio arquitectónico e histórico, para los indígenas no es más que la expresión simbólica del dominio colonial mestizo, de modo que la quema de la capilla sería una manifestación y una herramienta de su lucha política. En algunos casos incluso se usaron apelativos como “turba”9 para referirse al supuesto conjunto de indígenas que decidieron destruir el templo, llamándolos entonces a la reflexión y la recapacitación de los medios usados en su protesta por la autonomía indígena, resaltando que si bien la capilla está situada en territorio del resguardo, por ser patrimonio cultural no solo les pertenecía a ellos sino también a las poblaciones de colonos del lugar, a los colombianos y a la humanidad. Gracias al reiterado énfasis en su importancia como Patrimonio de la Humanidad y a lo lamentable de su destrucción, la capilla de San Andrés de Pisimbalá quedó confinada a ser un símbolo de la afectación al patrimonio, mientras las causas que lo propiciaron fueron trivializadas al rastrearlas a tan solo unos años atrás a la confrontación entre dos grupos locales enfrentados por una escuela10. Del mismo modo, al verse inscrita de forma directa en los enfrentamientos, se resignificó como un ícono del conflicto interétnico, incluso por encima del Parque Arqueológico de Tierradentro y los hipogeos, que a pesar de ser la representación arquitectónica, artística y social de una cultura del pasado hoy desaparecida, en este caso carecen de poder político.

Si bien no es posible llegar a medir el alcance que tienen los medios de comunicación de masas a los que hacemos referencia en la formación de opinión de sus audiencias, sí podemos abordar críticamente la relación entre medios de comunicación y sociedad. Ante todo, se espera de los medios de comunicación dirigidos a grandes y heterogéneas audiencias, neutralidad informativa a favor del “interés público” o el “bienestar general” del conjunto de la sociedad -o al menos de su mayoría- (McQuail, 1994). Sin embargo, hay que considerar que los medios de comunicación tienen objetivos más allá de informar, debido a que estos carecen de total autonomía de otras fuerzas imperantes en la sociedad, como son las normas, convenciones, influencias políticas o económicas, control formal e informal, fuerzas del mercado, requisitos operativos y prácticas profesionales que han sido establecidas por diferentes instituciones sociales, además del compromiso de cumplir con las expectativas de su audiencia (McQuail, 1994). Asi mismo, como señala McQuail (1994:555), es necesario reparar en que “los media suelen pertenecer o estar bajo el control de intereses comerciales (en general considerables) o del Estado, es decir, los entes que más poder económico y político tienen. [Es] plausible que sus propietarios actúen, a través de sus respectivos media e incluso indirectametne, por sus intereses a largo plazo”. Adicionalmente, gracias a su amplio alcance, los medios de comunicación masivos juegan un papel activo en la creación de imaginarios culturales que se difunden ampliamente en las percepciones nacionales y terminan configurando las realidades observadas.

En el caso que nos concierne, los medios de comunicación masivos han sido guiados por la hegemonía misma del discurso del patrimonio mundial adaptando sus términos y significados, en muchos casos descontextualizados y a históricos, y naturalizándolos en el discurso del patrimonio nacional. Producto de este proceso es la sobrevalorada importancia del patrimonio cultural que permitió dejar de lado el contexto histórico de las problemáticas sociales en el Cauca, creando fuertes sesgos en su labor de comunicación (Jaramillo, 2011). Asimismo, al ser un mecanismo informal (no académico) de transmisión de información, se expresa aquello que se desea con poco cuidado de las fuentes o incluso de la veracidad de lo que se transmite. En este sentido se da lugar a la reinterpretación del conocimiento y a la creación de imaginarios en diversos ámbitos, como el de la ciudadanía, el institucional o el académico mismo (Jaramillo, 2011). Esto es comprensible en tanto los medios de comunicación son una ruta de fácil acceso de información que cuentan con la “confiabilidad” de sus usuarios (Conforti y Enderer, 2012). De fácil acceso en cuanto a que cualquier individuo o institución está en capacidad de hacer uso para informarse a través de los medios radiales, portales web o noticieros televisivos, tanto regionales como nacionales e internacionales. Y confiables en el sentido en que rara vez aquella información se cuestiona de manera crítica por los usuarios (Conforti y Enderer, 2012) y al ser reproducida a través de la mayoría de los medios, ofrece poca cabida al análisis y la respuesta crítica de la visión del mundo ofrecida. En el caso del incendio de la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá, la cobertura mediática presentó solamante el hecho coyuntural de la quema de la iglesia-patrimonio sin intentar comprender su contexto, sino acercándolo a ejecución de un hecho terrorista. En consecuencia, al señalar la presunta culpabilidad de los indígenas, ayuda a reforzar la imagen estereotipada del indígena incivilizado y salvaje. De este modo, podemos ver cómo los medios de comunicación de masas han contribuido sistemáticamente en la definición sesgada de los conflictos y las tensiones latentes en el Cauca, pues al tiempo que ofrecen su visión del mundo con la apariencia de servir a una lógica objetiva e informativa, impiden el surgimiento de cuestionamientos fundamentales sobre el Estado nacional, sus instituciones y su actuar.

En conclusión, se puede observar cómo la representación mediática del incendio que destruyó la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá el 28 de marzo de 2013, profundizó en el daño, dando una mayor importancia a la violación de la obligación de conservar el patrimonio, más que a los conflictos sociales detrás de estos hechos. Así, se puede observar cómo las dinámicas del conflicto fueron banalizadas como un hecho aislado sin repercusión fuera del ámbito local y circunscrito a los grupos antagónicos enfrentados, de modo que el entramado de relaciones que de diversas maneras intervienen en el conflicto (incluidas las representaciones del Estado nacional, las organizaciones al margen de la ley, la iglesia católica, los empresarios e incluso los pobladores de otras etnias o no reconocidos como grupos étnicos), se ven absueltos de toda responsabilidad. Finalmente, casos como este nos permiten elaborar una reflexión sobre el papel de los símbolos del patrimonio y la utilidad de su carácter representativo en contextos de conflictos, especialmente en la actualidad, cuando el concepto de patrimonio ha adquirido tanta importancia.