OPCA # 9

Los estudios del posconflicto en sus diversas ramas a nivel global han mostrado como los procesos de recuerdo y memorialización tienen un efecto muy importante a largo plazo tanto en la resolución o aminoración del conflicto, como en su posible recrudecimiento (Ashdown 2007; Collier y Hoeffler, 2000; David, 2009; Sen, 2006). No debemos olvidar que la mayoría de los conflictos internos actuales desde 1950 son recaídas al posconflicto (United Nations Development, 2005), mientras que hasta 14 intervenciones internacionales lideradas por la ONU entre 1989 y 1999 se produjeron en zonas que habían experimentado guerras civiles previamente (Paris, 2004:3). En estos contextos, la pregunta fundamental que surge es cuánto ha de recordarse y cuánto ha de ser recordado de cara a facilitar un proceso de reconciliación (Bet-El, 2004; King, 1999; Rowlands, 1999; Viejo-Rose, 2011a). Sin embargo, más que una respuesta concreta y universal, esta pregunta requiere una problematización específica y contextual que ha de ser suscitada y reflexionada en cada momento histórico y geografía particular (Viejo-Rose, 2013).

A la vez, creíamos necesario incluir el contexto colombiano en un marco más amplio dentro de los estudios sobre posconflicto y patrimonio, dada la tendencia a creer que cada posconflicto es único y contextualmente diferente de los otros. Sin embargo, distintos estudios han mostrado como en realidad la mayor parte de los procesos posconflicto poseen un conjunto de elementos comunes, como ha mostrado, por ejemplo, el proyecto CRIC – Patrimonio Cultural y la Reconstrucción de Identidades Pos-conflicto (https://www.cric.arch.cam.ac.uk/home. html), en el análisis de los efectos de la gestión de los procesos de memorialización/patrimonialización a largo plazo en Francia, España, Bosnia, Alemania y Chipre (Sørensen y Viejo-Rose, 2015).

Estos estudios muestran en diversa forma cómo la articulación de las políticas patrimoniales en el momento inmediato al posconflicto condiciona a largo plazo la esfera pública, los discursos y las definiciones de víctimas y verdugos, vencedores y vencidos, con consecuencias imprevisibles. En España, las consecuencias de la instauración de una política patrimonial de desmemoria que invisibiliza el sufrimiento y la masacre de los derrotados republicanos en la Guerra Civil todavía condiciona de forma central el espectro político nacional (Viejo-Rose, 2011b). En Cuba, la inscripción de discursos de antagonismo contra los Estados Unidos por parte del gobierno revolucionario, y su materialización en la esfera pública a través de monumentos, museos y lugares de memoria, dificulta enormemente el proceso de reconciliación en marcha actualmente (Alonso González, 2014). En el caso de los antiguos países yugoslavos como Bosnia o Serbia, distintos organismos internacionales han intentado promover políticas de reconciliación mediante el patrimonio – como la reconstrucción del puente de Mostar – con escasos resultados. Esto se debe, precisamente, al desconocimiento de contextos locales y de las consecuencias y significados que para las poblaciones trae la reconstrucción. Dos extremos en el ámbito del posconflicto deben ser, por tanto, evitados: creer que cada posconflicto es único y diferente y, al contrario, creer, como distintas instituciones internacionales lo hacen, que los conflictos se guían por patrones generales y por tanto se pueden aplicar recetas indiscriminadamente.

En contextos posconflicto, la cultura y el patrimonio se convierten en recursos claves que distintos actores emplean para reproducir su hegemonía dentro del país o región posconflicto, a la vez que para terminar con ciertos conflictos (e.g., violencia directa que paraliza la inversión extranjera) y mantener otros (e.g., el conflicto rural-urbano, o conflictos de clase, raza o género). Ya Galtung (1990, 2001) y Lederach (1997) han subrayado el papel fundamental de la cultura en procesos posconflicto. Este rol central ha de vincularse a una concepción de la cultura como recurso económico en un mundo global (Yúdice, 2002). La noción de cultura como recurso implica su diferenciación del sentido antropológico tradicional y se enmarca en contextos de gestión que promueven el desarrollo de capital a través del turismo o de las industrias culturales. En este sentido, es posible pensar al patrimonio también como recurso en el sentido señalado por Yudice, en tanto que ha entrado a formar parte de una racionalidad económica donde las prioridades son: la conservación, la inversión, la distribución y el acceso. Así, el patrimonio dentro de esta racionalidad puede servir para prolongar la violencia directa una vez que esta termina (posconflicto) y llevarla al ámbito de la violencia simbólica, estructural y cultural alrededor de luchas sobre la historia, la memoria, la identidad o el patrimonio (Viejo-Rose, 2013; Žižek, 2008).

El posconflicto suele servir a las élites gobernantes para redefinir la visión de la historia y la identidad nacionales – presentándose como el grupo que fue capaz de hacer converger a la nación hacia la reconciliación, como los líderes del posconflicto, etc. –, pero estas nunca se encuentran solas en este proceso. Entidades internacionales de cooperación, defensa de los derechos humanos o del patrimonio cultural como la UNESCO, al igual que multinacionales con intereses estratégicos varios, suelen interponerse en esta redefinición defendiendo su posición e intereses (Kumar, 1997). De esta amalgama suele emerger una nueva retórica asociada a una nueva versión de la historia nacional, que define quienes son los vencedores y vencidos, víctimas y perpetradores, mártires sacrificados por una causa justa o condenados que debían serlo de forma justa, y de este modo rearticula los patrones de poder interno. Esta rearticulación genera nuevas divisiones, o profundiza las viejas divisiones, de modo que la violencia se perpetúa junto con el resentimiento y la sensación por parte de ciertos grupos de que se ha cometido una injusticia histórica con ellos – es decir, se produce una normalización de la violencia. De esta forma, el mismo uso de la noción de posconflicto tiene su problemática, debido a que no asistimos con él a la cancelación del conflicto sino a la rearticulación de viejos e invisibilizados conflictos, que permanecen latentes en formas simbólicas, estructurales o de “baja intensidad” (Stahler-Sholk, 1994). Distintos procesos de patrimonialización y memorialización pueden servir para materializar nuevos símbolos y narrativas en la esfera pública. Estos incluyen las decisiones sobre los espacios a memorializar, reconstruir u olvidar, y los paisajes tanto materiales como simbólicos que de ahí emergen. A estos procesos se une una replicación estructural a distintos niveles tanto interna – manuales escolares, museos, discurso público e intelectual, medios masivos, políticas culturales, conmemoraciones y festividades, cambios en nombres y espacios públicos, la selección de momentos históricos privilegiados, etc. – como externa – relaciones diplomáticas, participación en organizaciones internacionales y eventos, industria cultural –, todos dirigidos a proyectar una imagen distinta del país. No sólo los museos, sino también la propia configuración de los espacios públicos, generan una nueva semiótica que define quienes y qué eventos han de ser recordados u olvidados. Son habituales episodios de iconoclastia tanto expresivo (no planeado) como instrumental (planeado por un grupo social determinado), que condenan un cierto pasado y construyen vínculos con otro. Surgen igualmente procesos de turistificación de ciertos eventos del pasado que antes eran considerados parte intrínseca de la comunidad nacional, y que ahora son comercializados o simplemente vaciados de significado como elementos de consumo popular (e.g. lugares de memoria de Pablo Escobar en Medellín o Guatapé). También se memorializan espacios de dolor (e.g. cementerio-museo de San Pedro y La Escombrera en Medellín) que pueden servir para generar nuevas comunidades politizadas, pero también como recordatorios del agravio que generó el dolor y por lo tanto como reproductores de violencia.