La Comuna 13, conflicto armado interno y la urbanización de la
guerra
Dentro de la distribución política–urbana de Medellín, la Comuna 13
es una de las 16 comunas de la ciudad dentro de las cuales se ubican
249 barrios urbanos oficiales. La violencia ha marcado la historia de
la Comuna 13 desde la década de 1980 cuando se comenzó a evidenciar
la aparición del sicariato y el microtráfico de drogas. También
“aparecieron grupos de justicia privada, quienes encontraron en estas
prácticas ilegales una forma de eliminar los hechos delictivos de sus
barrios. Esta situación propició otras prácticas como robos, violaciones
y homicidios selectivos” (Medellín Cultura, s.f.). A lo anterior se
suma la conformación de bloques urbanos de los grupos armados organizados
al margen de la ley. La ausencia del Estado, sumada a un
sinnúmeros de combos, pandillas y milicias urbanas que se articulaban
en su gran mayoría con carteles del narcotráfico, en especial con el Cartel
de Medellín, fue una cadena de factores que aprovecharon las Autodefensas
Unidas de Colombia –AUC- para contar con “hombres entrenados
en la confrontación armada, que conocían la ciudad y serían
posteriormente cooptados para el proyecto paramilitar” (GMH, 2011).
Todo ese contexto social y político fue clave para que el Bloque Metro
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- en cabeza
de alias “Doble Cero”, entrara a la Comuna13. A finales de 1990
“la confrontación con las milicias de las FARC y el ELN se agudizó
en la Comuna 13 y los paramilitares de las AUC comenzaron a atacar
a todos aquellos que presumían que estaba ligado a las guerrillas”
(Verdad Abierta, 2011). Muchas de estas personas señaladas arbitrariamente
como colaboradores de los grupos guerrilleros fueron asesinadas
y enterradas en fosas clandestinas como “La Escombrera, en
la parte alta del barrio El Salado, y el Alto de la Virgen, en la parte
alta del barrio La Divisa” (Verdad Abierta, 2011) según testimonio de
Edinson Arias Cortés, quien durante versión libre como postulado a
la Ley de Justicia y Paz, confesó sobre esos dos mencionados sitios de
entierros clandestinos.
En 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la
República, “la recuperación de la Comuna 13 fue vista como una
oportunidad para mostrar resultados en la aplicación de la estrategia
de seguridad democrática” (GMH, 2011), en el marco de un clima de
polarización política, social y un rechazo generalizado a las FARC después
del fallido proceso de paz de San Vicente del Caguán durante el
gobierno de Andrés Pastrana. La Comuna 13 se convirtió en una zona
de interés militar; tan solo entre los meses de febrero y octubre del
2002 se realizaron 11 operativos militares en los lugares que se consideraban
territorios controlados por la guerrilla. Operativos que consistían
en allanamientos, redadas, retenes, búsqueda de armamentos
y secuestrados, y mientras esto ocurría,
aumentaban significativamente
las denuncias de desaparición forzada,
detenciones arbitrarias y torturas
a los detenidos (Aricapa, 2005).
En cuanto a las acciones de la fuerza
pública, hubo dos operativos que
causaron un gran impacto en la población
civil, la Operación Mariscal
y La Operación Orión. La Operación
Mariscal, realizada el 21 de mayo de
2002, tenía como objetivo desarticular
un supuesto plan terrorista para
sabotear las elecciones presidenciales
que se realizarían el 26 de mayo
de ese mismo año. Durante este
operativo, la “Fuerza Pública atacó
indiscriminadamente a la población
civil utilizando ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados
y dejó como saldo un total de nueve civiles muertos (incluyendo varios
menores de edad), más de 37 heridos y 55 pobladores detenidos
de forma arbitraria” (CINEP y Justicia y Paz, 2003, citado en GMH,
2011). Ese mismo año se realizó Orión, que inició el 16 de octubre de
2002 y se extendió hasta principios de diciembre de ese mismo año
con la participación del DAS, Policía Nacional, Ejercito, CTI, Fiscalía
General de la Nación, Fuerzas Especiales Antiterroristas y se contó
con tanquetas de la Policía y helicópteros artillados. Según datos presentados
por el GMH (2011), Orión dejó como resultado “150 allanamientos
y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron
sindicadas (…) murió un civil, 38 más resultaron heridos y ocho
fueron desparecidos por el Ejército Nacional, paramilitares e integrantes
del CTI”. Orión provocó el desplazamiento de 1.259 personas
durante ese año; según GMH (2011), en la Comuna 13 se produjo el
42% del desplazamiento de Medellín durante ese año.
La realización de estos operativos significó la expulsión de los grupos
guerrilleros de la Comuna 13, un logro que aclamaba el gobierno de
Uribe Vélez, el Ejército y el entonces alcalde de Medellín Luís Pérez;
sin embargo, los paramilitares siguieron cometiendo graves violaciones
a los derechos humanos hasta diciembre de 2003 cuando se desmovilizaron,
sin ningún tipo de operaciones por parte de la Fuerza
Pública que evitara su acciones delictivas.
Vía de acceso al “Botadero
B2”, uno de los sitios
probables de inhumación
clandestina.
Fotografía: Pedro David
Pérez T.