OPCA # 2

En el contexto de éste Boletín, creemos pertinente iniciar nuestros diálogos alrededor de un tema común a las diferentes contribuciones: el profundo sentido de impotencia -sino de rabia-, que aquí y allá surge al constatarse que la existencia de una legislación específica para la protección del Patrimonio Cultural -a pesar de sus recientes modificaciones/ampliaciones/precisiones-, no parece bastar para alcanzar su cometido. Que éste sea un tema común y recurrente, no es difícil de mostrar, como tampoco lo es la diversidad de los contextos desde donde se percibe tal sentimiento. Justo es decir, no obstante, que a la par con la desazón, también son comunes los caminos que se abren y consolidan para la acción protagónica y exitosa –o cuando menos prometedora- de la sociedad civil.

Siendo Colombia aún por definición una construcción paradójica de “país de regiones/centralizado”- lo que ya pone de manifiesto ciertas tensiones-, resulta consecuente ubicarnos en el centro del mismo, para iniciar desde allí nuestros diálogos. Y qué mejor ubicación que la de El Cartucho, punto nodal de la geografía e historia nacional: El Cartucho representa el presente de un barrio con una larga tradición dentro de la ciudad muy cerca del “Centro Histórico de Bogotá”, el centro político - la sede del gobierno nacional, en fin, El Cartucho nos recuerda el vínculo entre el espacio y la vida republicana, con el pasado colonial y aunque muy poco conocido, también con el pasado más remoto de las comunidades aborígenes, quizás aún con algunas tan antiguas como los primeros grupos que ocuparon y apropiaron el entorno geográfico de la Sabana de Bogotá, hace unos 15 0 20 mil años.

Y es en este entorno, como argumentan Ingrid Morris y Guillermo Montoya en su reflexión sobre la transición entre El Cartucho y el Parque Tercer Milenio, donde se está escribiendo una página de historia en la que múltiples y diversos intereses sobre “el espacio” dentro de la construcción de ciudad, libran una lucha a la que el cemento no ha podido ponerle punto final. Tomando los diferentes argumentos allí expuestos¹, no puede uno menos que preguntarse sí esto ocurre a “espaldas” (ver mapa 1) del “Palacio de Nariño”, ¿qué se puede esperar en los alejados rincones de la vasta geografía nacional, como por ejemplo, el valle de Checua en Nemocón del que trata Ana María Groot al advertir sobre la catástrofe ambiental, ecológica y arqueológica que de prosperar la idea de establecer un botadero de basuras regional puede ocurrir allí, o en la más distante geografía chocoana a la que Carlos Andrés Meza y Rudecindo Castro Hinestroza se refieren, en el detallado seguimiento a una historia que desborda el sentido lineal de la “Carretera al Mar”, al estar llena de ramificaciones sociales?. Estos últimos casos nos muestran cómo, a pesar de las diferencias en la naturaleza de los proyectos –uno lineal, el otro concentrado, etc.-, las presiones sobre el suelo como un “bien urbanizable/ bien desarrollable” son el punto central en estas historias, más no necesariamente el único para todos los actores, como se plasma en las historias de quienes aún esperan los beneficios personales prometidos con las obras y/o quienes se movilizan para impedir un daño colectivo – Checua- o la pérdida misma de la identidad local (Chocó).

Y es que el tema de El Cartucho no es una historia del pasado. En un artículo reciente María Eugenia Martínez Delgado (El Espectador abril 10/2010) se plantea precisamente como en los últimos años, el país perdió lo que era una “política urbana para el patrimonio cultural” –en particular para los para los Centros históricos-, activando así una reflexión que nos enfoca no sólo en el pasado sino en el presente y futuro inmediato al mirar lo que viene sucediendo con las grandes obras que se adelantan para proyectos como Transmilenio (véase estos links con noticias de hallazgos afectados por las obras) o para el Metro, proyectos que ponen de manifiesto el problema que subyace al uso y a la administración del espacio en las ciudades (véase estos links con noticias de hallazgos). Esta reflexión sobre lo urbano tiene en éste Boletín otra mirada desde el caso de Barranquilla con el edificio de la Caja Agraria, donde como señala Bexielena Hernández López, a pesar de ser un Monumento Nacional, “la mayoría de los barranquilleros no sólo no lo consideran como parte de su patrimonio cultural, sino que juzgan que afecta el plan de recuperación del Centro Histórico y, en últimas, el desarrollo urbano de su ciudad”. Aquí de nuevo, la tensión es clara: demoler o no demoler parecería ser la cuestión. Para unos demoler es progreso, para otros, no demoler encarna la posibilidad de una “ciudad con memoria e identidad”.

La perspectiva planteada por el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) en la voz de Víctor González, sobre el caso del pretendido basurero en Checua, resulta muy ilustrativa de cómo, son ahora múltiples esferas de acción las que se están entretejiendo para darle a temas como este el estatus de algo más que un simple trámite administrativo. Centrándonos en el aspecto legal del asunto, es claro que, si bien son muchos los actores, es el Estado -en cabeza del ministerio de Cultura, Medio Ambiente e ICANH- quien tendrá que dar el próximo paso: y será decisivo. Pero más allá del fallo, lo que este caso ilustra es la diversidad de mecanismos que están usando los diversos actores de la vida civil para expresarse sobre le tema, algo palpable en los medios electrónicos (véase varios links), recurso que aún subestimado en Colombia, parecería ir convirtiéndose en eje esencial de la “comunidad civil”.

Esta dimensión política del tema patrimonial, en este caso como expresión de fuerza civil, se ve reflejado también en el artículo “Tradiciones dinámicas de los pueblos afrochocoanos en la vía al Mar” donde se señala que “apropiarse local y críticamente de los conceptos de “patrimonio cultural” y “salvaguardia” en la medida en que la cultura no sea un mero reconocimiento retórico…” es de por sí un acto político importante.

Resultan así mismo ilustrativas de esa acción civil y, ante todo, como acción concertada, los casos que trae a colación el texto de Victoria Caicedo, casos que, como modelos de intervenciones concretas en los que se busca un punto medio entre los intereses económicos, la antropología aplicada y la arquitectura, contrastan, marcadamente con el caso de El Cartucho. Victoria anota:

“De esta forma, todo desarrollo urbano debería reconocer el patrimonio cultural del contexto en el que se desarrolla, en orden de garantizar el respeto a los valores de la comunidad y la equidad de las intervenciones, considerando que “…todo patrimonio es legítimo en tanto una comunidad –o un individuo- lo consideren así”.

Las múltiples dimensiones de esa presencia civil empoderada que Víctor González denota como “corresponsabilidad”, se pueden ver también en el texto de Liliana Vargas, quien como muisca, sin oponerse al desarrollo, argumenta a favor de una aplicación estricta de la legislación vigente pues

“…las leyes que se han creado al respecto, son suficientes y claras, pero no han sido aplicadas con el rigor necesario, permitiendo, indirectamente, que se siga deteriorando e incluso destruyendo el patrimonio arqueológico, así como el entorno natural, entendido en este caso como territorio sagrado muysca”.

Así, mientras los trabajos concertados de diferentes actores y en diferentes contextos evidencian que se requieren de esfuerzos constantes y de mucha “mística civil”, esfuerzos que van consolidando nuevos escenarios de valoración del patrimonio cultural material e inmaterial – mueble e inmueble y natural, espiritual, en fin …, las posiciones sobre los alcances y estado del arte en materia legal también son diversas. En efecto, y quizás en la misma línea de Liliana Vargas, tanto los textos de Víctor Gonzáles como de Fernando Charria, celebran las bondades de actos como la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 769 de 2009, pero estos, a diferencia de la primera, advierten sobre campos que requieren atención. Fernando Charria, por ejemplo, considera necesario mejorar las definiciones para facilitar la administración, y así, paliar la “falta de dientes” de la ley. Pero no todo es legislación, pues muchos temas como la formación académico-técnica y la incorporación a diferentes niveles políticos, es tema que escapa a tales disposiciones. Con todo, no podría negarse que en tanto la Ley General de Cultura –con sus reformas-, abra espacios para que las iniciativas locales tengan efectos reales y directos sobre el medio en que se desarrollan, creemos que se establecen derroteros que pueden predecir un futuro menos oscuro la realización de los ejercicios identitarios y de memoria, que como individuos en colectivos de diferente escala, a diario hacemos parte de nuestro existir. Sin lugar a dudas, no se trata de un camino de rosas. más frágil.